Millones de llantas usadas amenazan ambiente y salud en Ciudad Juárez

El municipio de Ciudad Juárez enfrenta un problema de salud pública debido a los aproximadamente 100 millones de llantas usadas tiradas en el desierto.
El centro de acopio del ayuntamiento, uno de los más grandes del norte del país, sólo tiene capacidad para 5 por ciento de esa cantidad.A pesar de los esfuerzos de las autoridades de ambos lados de la frontera, difícilmente se podrá sanear la zona, pues las primeras medidas autorizadas por el cabildo para depurar el almacén municipal ha enfrentado a las fracciones priísta y panista, que se acusan mutuamente de tráfico de influencias.En Ciudad Juárez circulan diariamente 550 mil vehículos y se desechan 800 mil llantas al año. La mayor parte va a parar al centro de acopio municipal, pero por lo menos 5 millones son tiradas clandestinamente en el desierto, en los cerros y caminos de terracería de la periferia.Además, cada mes se importan 1.2 millones de neumáticos reciclados, con una vida útil de dos a tres meses, que compra la gente de escasos recursos económicos, lo que agrava el problema ambiental y de salud.La Dirección de Ecología y Protección Civil municipal, admitió que tanto el centro de acopio como los depósitos no controlados son una amenaza. El riesgo principal son los incendios, pero las sustancias que se desprenden del caucho también contaminan la tierra y los mantos freáticos, y permiten la proliferación de fauna nociva.Un incendio de 5 millones de llantas en el centro de acopio, situado en el kilómetro 30 de la carretera Panamericana, sería prácticamente imposible de extinguir y casi letal para la población, pues liberaría grandes volúmenes de monóxido de carbono, dioxinas, azufre y zinc.Para la cementera el negocio es redondo: ahorra 24 millones de pesos anuales en combustible, y recibe 2.50 pesos por cada llanta que extrae del depósito, dinero que se paga con recursos aportados en partes iguales por los gobiernos federal, estatal y municipal y por la Comisión de Cooperación Fronteriza de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.El acuerdo, que entró en vigor en agosto pasado, ha sido impugnado por 94 organizaciones ambientalistas nacionales, así como académicos y grupos ciudadanos de 29 países, que en un documento denunciaron que la incineración de llantas es un peligro para la salud.Junto con los incineradores de residuos sanitarios y sólidos, ''los hornos de cemento que queman llantas han demostrado producir más emisiones de dioxinas, mercurio, hidrocarburos poliaromáticos y metales pesados como plomo, zinc, níquel y vanadio que las plantas de cemento que usan carbón o gas como combustible'', señalan en su texto.''Se ha encontrado que estos contaminantes causan cáncer, malformaciones congénitas, daños en los sistemas hormonal, inmunológico y nervioso central, y que generan problemas en los pulmones, entre otros desórdenes en la salud'', agregan.Destacaron que en vez de quemar las llantas el gobierno debería promover empresas de reciclaje no tóxico mediante su renovación (revulcanizado) y reuso para materiales de construcción, pisos y alfombras de gimnasio, asfalto, durmientes de tren, autopartes, pistas de atletismo y mangueras para riego, entre otros.El inicio de operaciones de la empresa, este mes, desató una guerra de intereses. Regidores panistas que se opusieron a la concesión dijeron que hubo tráfico de influencias para favorecer al nuevo grupo empresarial capitaneado por Genaro Baca Madrid, yerno de Lino Korrodi, vinculado a la poderosa familia Fuentes, de Ciudad Juárez.La dirección de Ecología y Protección Civil, anunció que el municipio busca modificar el convenio con Cementos de Chihuahua para suspender el pago de 67 centavos que le corresponden por cada llanta que la cementera quema.Explicó que las dependencias estatales y federales en materia ambiental (incluidas las binacioneles) aporten los recursos para la disposición final de un millón de llantas.La idea es que el dinero que paga el municipio (2.5 millones de pesos mensuales) se destine a pagar los costos de administración del centro de acopio del municipio.